La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez por la investigación en medio de una investigación por un caso de supuestos falsos testigos.
Estos delitos, según la Corte, habrían sido cometidos después de que el alto tribunal decidió cerrar un proceso contra Iván Cepeda y compulsar copias contra el expresidente por presuntamente intentar manipular testigos contra el senador del Polo.
El alto tribunal aseguró que “en desarrollo de una rigurosa indagación previa realizada en los últimos meses por la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia recaudó pruebas que la condujeron a abrir investigación formal contra los senadores Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada Artunduaga”.
Los dos responderán por los delitos de soborno y fraude procesal.
Tras conocerse la decisión de la Corte, el senador Uribe aseguró que dejará su curul en el Congreso para adelantar su defensa.
“Me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo, adelantar mi defensa. Por lo anterior renuncio al Senado de la República y pido se me acepte la renuncia”, afirmó Uribe.
Al renunciar a su cargo, los delitos por los que se le abre el proceso, según fuentes, sería investigado por la Fiscalía General. “Si él renuncia y se concluye que los delitos no están vinculados a la función como senador, esos delitos los investiga la Fiscalía”, explicó una fuente de la Corte.
Por eso, la Corte afirmó que para que la Fiscalía General de la Nación investigue esta situación, la Sala “le remitió copias de algunas interceptaciones de llamadas telefónicas sostenidas entre el abogado Diego Javier Cadena Ramírez y la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, exfuncionaria que se habría comprometido a desprestigiar la investigación penal que se adelantó contra el señor Santiago Uribe Vélez”.
La Corte Suprema aseguró que antes de presentarse a la indagatoria, Uribe y Prada Artunduaga tendrán “oportunidad de conocer las pruebas que los comprometen. Y contarán con tiempo suficiente para preparar la defensa frente a los cargos que surgen en su contra”.
La Corte también dijo que en este proceso “se les respetarán, como corresponde en un Estado democrático y de derecho, todas las garantías que les asisten en su condición de procesados, y tendrán acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en la vigilancia del proceso”.
